Balance de la negociación del FEES

Balance de la negociación del FEES

de Leiner Vargas, el sábado, 28 de agosto de 2010 a las 19:52

El resultado de la negociación del FEES que finalizó con un acuerdo en el seno de la Comisión de Enlace esta pasada semana, debe de entenderse no como un hecho aislado, sino como parte de un contexto país y universitario, que llevó a dichos resultados. Algunas de las principales lecciones aprendidas en el proceso muestran una apuesta política, que no fue del todo satisfactoria ni para unos, ni para otros. El llevar la negociación al último momento, teniendo claramente límites temporales y con la no muy grata expectativa de llevar el tema a la Asamblea Legislativa, no fue el mejor panorama para las partes, pero sobre todo para el CONARE, lo que motivó una presión creciente de salir con un acuerdo “razonable”. La condición económica de crisis y las expectativas de continuidad de la recesión o de al menos, un período de bajo crecimiento económico a nivel mundial, motivó la separación de la fórmula original del convenio anterior, lo que no fue la decisión más feliz para las Universidades y hizo más estrecho el espacio de las autoridades económicas del gobierno.

Las propuestas iniciales de CONARE y el enfoque de la negociación de parte del Gobierno, llevó a intentar desacreditar frente a una parte importante de la opinión pública la posición de las Universidades, lo que costó revertir a los universitarios, a pesar de los buenos esfuerzos de las oficinas de comunicación en la última etapa del proceso de negociación. La invisibilidad del tema durante buena parte del proceso al interior de las universidades, ya fuese por el interés preelectoral o simplemente como estrategia interna, también provocó mucho desconocimiento por parte de las Comunidades Universitarias de sus implicaciones, las que efectivamente no fueron advertidas a tiempo y como tal, muchas de las respuestas a favor y en defensa de las universidades que se dieron en estas últimas semanas, podrían considerarse, tardías.

Adicionalmente, han existido mensajes contradictorios sobre el verdadero impacto de las propuestas al interior de las universidades y sobre todo, escasa información de los gobiernos universitarios sobre la situación real de las finanzas de las universidades. Si bien esto podría considerarse como una estrategia de negociación por ambas partes, también ha generado mensajes contradictorios y alguna desinformación, que aún está presente sobre todo en la Comunidad Estudiantil y una parte de la Comunidad Académica y Administrativa de las universidades, muestra de ello han sido las manifestaciones de este 26 y 27 de agosto.

Sobre el aspecto económico, puede decirse que si bien la diferencia es muy importante entre lo solicitado por CONARE y lo entregado por el gobierno, la propuesta negociada no puede considerarse como un retroceso significativo. La propuesta representa un crecimiento de 30 por ciento en términos reales durante el quinquenio 2011-2015 como base, que acumulando el 65 por ciento del quinquenio 2004-2009, el crecimiento real del 10 por ciento del 2010 y la propuesta de 30 por ciento mínimo para este nuevo quinquenio 2011-2015, lleva a una duplicación en términos reales del presupuesto FEES en una década, algo que si lo comparamos con los datos relativos de los ochentas y de los noventas, significa un aporte muy significativo a la mejora presupuestaria de la educación superior pública costarricense y muy por encima de los aumentos en otras latitudes.

Si bien es cierto ha existido un rezago significativo en la atención a múltiples temas en la Universidad en las décadas previas, la posibilidad de seguir creciendo en términos reales es una oportunidad para mejorar, seguramente con mayor gradualidad y cuidado, pero no representa un retroceso en la mejora de las oportunidades de crecimiento y de desarrollo de la UNA y del sistema de educación pública. Si a lo anterior le sumamos el crédito para inversión, física y de recursos humanos en 50 millones de dólares en el quinquenio para la UNA –una cuarta parte de lo negociado según el convenio- los márgenes para priorizar en otros aspectos, tales como, la resolución de interinazgo, la mejora a los salarios académicos, el cumplimiento de obligaciones en las regiones y la ampliación de la oferta académica; podemos decir que la UNA cuenta con una proyección razonable de recursos para atender los fines y obligaciones que como institución hoy tenemos.

Es claro que es posible una reapertura de la negociación en el marco de llevar el gasto en educación superior pública al 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que significará que seguramente y en el marco de una mejora en la condición económica del país y de la recaudación fiscal, tendremos una mejora en los ingresos, que sin duda alguna serán de gran aporte para el desarrollo de la Universidad. Como debemos entender, en toda negociación, uno podría ver el vaso medio lleno o medio vació, dependiendo de la óptica con que se mire, la posibilidad de cerrar la incertidumbre que provoca el no tener un horizonte de planeamiento y de recursos, permite ahora llevar con mayor claridad las prioridades y las decisiones dentro de las universidades. Acá es fundamental al interior de la UNA, un llamado a jerarquizar claramente las prioridades internas, esperando que las autoridades puedan concertar adecuadamente y de forma transparente y democrática con las facultades, las escuelas y los distintos órganos, las mismas. Esta, la UNA, seguirá siendo la casa de todos y todas, por lo que es sano que se tenga una apertura al dialogo y una mayor cohesión interna. Debemos construir y no destruir, a partir de las diferencias. Está claro además que la lección aprendida de “cacarear más nuestro trabajo académico y sus resultados” debe de ser un paso importante, de manera que en un futuro podamos posicionarnos mucho mejor de cara a la Comunidad Nacional. Este esfuerzo debe de ser asumido por todos y apoyado desde los órganos superiores.

Se hace necesario también, en un ámbito de sana administración pública, reducir posibles fugas o gastos superfluos, eliminar excesivos controles y reglamentos que hacen muy caro el hacer actividad académica y el tomar decisiones y sobre todo, tomar consciencia de que no es posible soportar costos irracionales de ciertos servicios. El ahorro prudente en algunos rubros deberá realizarse, mientras que la inversión en las personas y en la mejora tecnológica y condiciones estudiantiles no debe frenarse.

Dejo claro que no está en peligro con lo negociado, ni los aumentos salariales de este y el próximo año. No está en riesgo las becas y una mejora racional pero sustantiva de las mismas. No está tampoco en riesgo las mejoras en infraestructura ya planteadas desde el propio gabinete de rectoría y tampoco, un relativo crecimiento en calidad y cantidad en materia académica, relacionado con la reducción sustantiva del interinazgo y el aumento racional de la oferta académica durante el quinquenio.

Por supuesto que pudo ser mejor el resultado, pero más que sentarnos a encontrar culpables, debemos ser capaces de repensar la Universidad que tenemos y actuar para transformarla a la luz de la Universidad que queremos.