¡A PREPARAR LA MOVILIZACION UNIVERSITARIA! ¡POR EL DERECHO AL ESTUDIO DEL PUEBLO!
La educación, tal y como lo declaró UNESCO en 2009, la concebimos a todos los niveles, como un derecho humano básico, no como una mercancía ni un privilegio para los que más dinero tienen.
Los ministros Garnier y Herrero en la Comisión de Enlace, han venido faltando sistemáticamente a la verdad en las negociaciones en torno al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), con el único objetivo de desprestigiar a las Universidades Públicas, para asfixiarlas financieramente e imponer un modelo neoliberal y tecnocrático de Universidad, sometida a la subasta al mejor postor, a través de la venta de servicios. Restringiendo los contenidos y carreras humanísticas y artísticas, privilegiando las carreras y programas que favorezcan las necesidades de profesionales al servicio de los grandes empresarios, destruyendo a la acción social y los proyectos de extensión que vinculan a las Universidades con las necesidades del pueblo.
El Gobierno engaña a la opinión pública cuando dice que es desmedido el planteamiento de un presupuesto con un 11 % creciente de crecimiento real para las Universidades (lo que significa 13 % promedio para el quinquenio 2011-2015). Lo que constituye apenas un 1 % de crecimiento adicional con respecto a lo que el Gobierno de Arias otorgó para el 2010 y además, es el mismo porcentaje promedio que se garantizó con el convenio quinquenal anterior 2004-2009. Asimismo, manipula cuando dice que las Universidades piden un 13 % de crecimiento real y solamente se va a incrementar un 3 % los cupos para estudiantes, levantando la falacia de que eso se debe al alto gasto en salarios. Sobre todo, es un engaño decirle a la sociedad costarricense que no hay dinero para cubrir lo que justamente piden las universidades cuando la misma Contraloría General de la República, le ha llamado reiteradamente la atención al Ministro Garnier por la subejecución presupuestaria de su ministerio que ronda los 130 mil millones de colones, el doble de lo que las Universidades piden como aumento en su presupuesto para el próximo año.
Como vemos, no es un asunto de dinero, se trata de un ataque frontal por acabar con las Universidades públicas y dejar que las universidades privadas continúen con su jugoso negocio.
En primer lugar hay que decir que las Universidades públicas no son enseñaderos que lo único que hacen es impartir lecciones en una carrera desenfrenada por entregar títulos. En virtud de su papel social, las Universidades realizan importantes actividades de investigación y acción social, al punto de que alrededor del 80% de los investigadores y de la investigación del país está en las Universidades públicas. Así mismo, la mayor parte de la inversión en investigación proviene de nuestras instituciones. En el campo de la extensión y acción social, el papel de nuestras universidades apoyando procesos socioproductivos y de capacitación entre otros, a las comunidades, así como a diversos sectores sociales con escasos recursos y oportunidades ha jugado un papel importantísimo para apoyar el desarrollo de estos sectores, que de otra forma, no tendrían ninguna oportunidad de acceder a mejores condiciones en su calidad de vida.
Por otra parte, las Universidades públicas garantizan un amplio programa de becas, que incluye no solo porcentajes de exoneración de pago a las y los estudiantes que lo requieren, sino subsidios económicos a las y los estudiantes de escasos recursos, para democratizar la enseñanza y el desarrollo social. Mientras, por el contrario, el Gobierno promueve el endeudamiento de las y los estudiantes a través de CONAPE, para favorecer el aumento de las matrículas en las universidades privadas.
Además, el Gobierno central, proporcionalmente, gasta bastante más en salarios, que las Universidades públicas, que deben garantizar salarios dignos y justos para cumplir con los derechos laborales de sus trabajadores, asegurándose la permanencia de personal altamente calificado y evitando la fuga de cerebros. La mejor educación requiere de los mejores profesionales y estos requieren estar dignamente remunerados.
Pero acá no está en juego meras cifras de colones más, o colones menos, para las Universidades. Lo que está en juego es el modelo mismo de Universidad. Está en juego también si podemos contribuir o no a detener los intentos autoritarios del Gobierno, en medio de la inusitada llegada de tropas norteamericanas, para acallar las voces críticas y analíticas de las Universidades, e impedirles ser centros libres de pensamiento y acción crítica.
Las y los rectores se han tenido que soportar una y otra vez, el irrespeto, el abuso y la campaña de desprestigio de los ministros, al mismo tiempo que estos, los amedrentan para que no informen y no rindan cuentas de manera transparente sobre el estado de las negociaciones del FEES a sus comunidades universitarias; mientras ellos continúan con su campaña de ataques contra nuestras instituciones.
Los sindicatos de la UCR, la UNA, el ITCR y la UNED nos mantenemos firmes en la defensa de un presupuesto justo y digno para nuestras instituciones, o sea, nos comprometemos a la defensa de un FEES con crecimiento real promedio de un 13% para el quinquenio 2011-2015, por lo que exigimos a nuestras autoridades no claudicar en esta propuesta que fue además, un compromiso público y acuerdo de los y las rectoras con sus comunidades.
Frente a la política de mentiras del Gobierno y sus acólitos, al servicio de la consigna “divide y vencerás”, respondemos con las más firme unidad y democracia de las cuatro Universidades públicas, y de sus tres sectores: estudiantes, docentes y administrativos, preparando desde las bases la movilización universitaria para defender el derecho universal a la educación superior pública de calidad y financiada por el Estado.
En ese marco, anunciamos que el 10 y 11 de agosto arrancan las primeras medidas de paro y movilización en las cuatro universidades, y de no resolverse la demanda de presupuesto justo para la educación superior, estaremos tomando las medidas legítimas para defender el futuro del modelo de Universidad pública inclusiva y democrática del país.
Es claro que no existen instituciones que impacten más el desarrollo de este país y que generen más movilidad social que las Universidades públicas. Invertir en ellas, es invertir en desarrollo. Invertir en educación es invertir en seguridad social. Invertir en la educación superior es asegurarle a nuestras madres, mayores oportunidades, especialmente, a las madres solteras.
Es cierto, la educación pública y en especial, las Universidades públicas deben ser la prioridad de cualquier gobierno. No hacerlo, es condenar a nuestros jóvenes a la pobreza y a la exclusión.
POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA, DEMOCRÁTICA, CRÍTICA Y POPULAR
POR UN PRESUPUESTO JUSTO Y DIGNO PARA LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Los ministros Garnier y Herrero en la Comisión de Enlace, han venido faltando sistemáticamente a la verdad en las negociaciones en torno al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), con el único objetivo de desprestigiar a las Universidades Públicas, para asfixiarlas financieramente e imponer un modelo neoliberal y tecnocrático de Universidad, sometida a la subasta al mejor postor, a través de la venta de servicios. Restringiendo los contenidos y carreras humanísticas y artísticas, privilegiando las carreras y programas que favorezcan las necesidades de profesionales al servicio de los grandes empresarios, destruyendo a la acción social y los proyectos de extensión que vinculan a las Universidades con las necesidades del pueblo.
El Gobierno engaña a la opinión pública cuando dice que es desmedido el planteamiento de un presupuesto con un 11 % creciente de crecimiento real para las Universidades (lo que significa 13 % promedio para el quinquenio 2011-2015). Lo que constituye apenas un 1 % de crecimiento adicional con respecto a lo que el Gobierno de Arias otorgó para el 2010 y además, es el mismo porcentaje promedio que se garantizó con el convenio quinquenal anterior 2004-2009. Asimismo, manipula cuando dice que las Universidades piden un 13 % de crecimiento real y solamente se va a incrementar un 3 % los cupos para estudiantes, levantando la falacia de que eso se debe al alto gasto en salarios. Sobre todo, es un engaño decirle a la sociedad costarricense que no hay dinero para cubrir lo que justamente piden las universidades cuando la misma Contraloría General de la República, le ha llamado reiteradamente la atención al Ministro Garnier por la subejecución presupuestaria de su ministerio que ronda los 130 mil millones de colones, el doble de lo que las Universidades piden como aumento en su presupuesto para el próximo año.
Como vemos, no es un asunto de dinero, se trata de un ataque frontal por acabar con las Universidades públicas y dejar que las universidades privadas continúen con su jugoso negocio.
En primer lugar hay que decir que las Universidades públicas no son enseñaderos que lo único que hacen es impartir lecciones en una carrera desenfrenada por entregar títulos. En virtud de su papel social, las Universidades realizan importantes actividades de investigación y acción social, al punto de que alrededor del 80% de los investigadores y de la investigación del país está en las Universidades públicas. Así mismo, la mayor parte de la inversión en investigación proviene de nuestras instituciones. En el campo de la extensión y acción social, el papel de nuestras universidades apoyando procesos socioproductivos y de capacitación entre otros, a las comunidades, así como a diversos sectores sociales con escasos recursos y oportunidades ha jugado un papel importantísimo para apoyar el desarrollo de estos sectores, que de otra forma, no tendrían ninguna oportunidad de acceder a mejores condiciones en su calidad de vida.
Por otra parte, las Universidades públicas garantizan un amplio programa de becas, que incluye no solo porcentajes de exoneración de pago a las y los estudiantes que lo requieren, sino subsidios económicos a las y los estudiantes de escasos recursos, para democratizar la enseñanza y el desarrollo social. Mientras, por el contrario, el Gobierno promueve el endeudamiento de las y los estudiantes a través de CONAPE, para favorecer el aumento de las matrículas en las universidades privadas.
Además, el Gobierno central, proporcionalmente, gasta bastante más en salarios, que las Universidades públicas, que deben garantizar salarios dignos y justos para cumplir con los derechos laborales de sus trabajadores, asegurándose la permanencia de personal altamente calificado y evitando la fuga de cerebros. La mejor educación requiere de los mejores profesionales y estos requieren estar dignamente remunerados.
Pero acá no está en juego meras cifras de colones más, o colones menos, para las Universidades. Lo que está en juego es el modelo mismo de Universidad. Está en juego también si podemos contribuir o no a detener los intentos autoritarios del Gobierno, en medio de la inusitada llegada de tropas norteamericanas, para acallar las voces críticas y analíticas de las Universidades, e impedirles ser centros libres de pensamiento y acción crítica.
Las y los rectores se han tenido que soportar una y otra vez, el irrespeto, el abuso y la campaña de desprestigio de los ministros, al mismo tiempo que estos, los amedrentan para que no informen y no rindan cuentas de manera transparente sobre el estado de las negociaciones del FEES a sus comunidades universitarias; mientras ellos continúan con su campaña de ataques contra nuestras instituciones.
Los sindicatos de la UCR, la UNA, el ITCR y la UNED nos mantenemos firmes en la defensa de un presupuesto justo y digno para nuestras instituciones, o sea, nos comprometemos a la defensa de un FEES con crecimiento real promedio de un 13% para el quinquenio 2011-2015, por lo que exigimos a nuestras autoridades no claudicar en esta propuesta que fue además, un compromiso público y acuerdo de los y las rectoras con sus comunidades.
Frente a la política de mentiras del Gobierno y sus acólitos, al servicio de la consigna “divide y vencerás”, respondemos con las más firme unidad y democracia de las cuatro Universidades públicas, y de sus tres sectores: estudiantes, docentes y administrativos, preparando desde las bases la movilización universitaria para defender el derecho universal a la educación superior pública de calidad y financiada por el Estado.
En ese marco, anunciamos que el 10 y 11 de agosto arrancan las primeras medidas de paro y movilización en las cuatro universidades, y de no resolverse la demanda de presupuesto justo para la educación superior, estaremos tomando las medidas legítimas para defender el futuro del modelo de Universidad pública inclusiva y democrática del país.
Es claro que no existen instituciones que impacten más el desarrollo de este país y que generen más movilidad social que las Universidades públicas. Invertir en ellas, es invertir en desarrollo. Invertir en educación es invertir en seguridad social. Invertir en la educación superior es asegurarle a nuestras madres, mayores oportunidades, especialmente, a las madres solteras.
Es cierto, la educación pública y en especial, las Universidades públicas deben ser la prioridad de cualquier gobierno. No hacerlo, es condenar a nuestros jóvenes a la pobreza y a la exclusión.
POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA, DEMOCRÁTICA, CRÍTICA Y POPULAR
POR UN PRESUPUESTO JUSTO Y DIGNO PARA LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Sindicato de Trabajadores/as de la Universidad Nacional
(SITUN)
Sindicato de Empleados/as de la Universidad de Costa Rica
(SINDEU)
Unión de Empleados/as de la Universidad Estatal a Distancia
(UNEUNED)
Asociación de Funcionarios/as del Instituto Tecnológico (AFITEC)
(SITUN)
Sindicato de Empleados/as de la Universidad de Costa Rica
(SINDEU)
Unión de Empleados/as de la Universidad Estatal a Distancia
(UNEUNED)
Asociación de Funcionarios/as del Instituto Tecnológico (AFITEC)
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