Comunicado de la FEUCR

Defendamos un convenio FEES justo y el presupuesto para la educación

Desde hace ya varios años el movimiento estudiantil viene planteando toda una serie de acciones para combatir el deterioro creciente de la educación pública y nuestra Universidad. Ejemplos de eso los encontramos en el 22do Congreso Estudiantil Universitario del 2008, los encuentros y movilizaciones durante el 2009 por más presupuesto para la educación pública y la lucha por la reforma al reglamento de becas, entre otras.

Las movilizaciones del 2009, aunque lograron posicionar el tema en el debate nacional y lograron repeler la reducción presupuestaria de febrero a las universidades, lamentablemente no llevaron a una victoria en cuanto al presupuesto educativo para este 2010, ni en cuanto a una efectiva negociación del convenio FEES. Hay que agregar a esto que la derrota que sufrió el movimiento popular durante el TLC todavía se siente a la hora de plantear movilizaciones y el dañino gremialismo de algunas organizaciones populares.

La rectoría y el CONARE tuvieron también un papel central en la derrota de las movilizaciones del año pasado. A pesar de las reiteradas exigencias de estudiantes y trabajadores de la Universidad la rectoría insistió en discutir y negociar a espaldas de la comunidad universitaria, arrogándose la potestad de tomar las decisiones de la forma que quisiera. Esta llegó incluso a afirmar que dependía de su “buena voluntad” si informaba o le consultaba al Consejo Universitario, a los estudiantes y trabajadores.

A la par de esto la rectoría se encargó de desmovilizar acciones planteadas una y otra vez, el ejemplo más claro fue que ante la imposición del gobierno de un presupuesto insuficiente para el 2010, por fuera de lo estipulado en la constitución, lo que salió a hacer fue a resaltar las bondades de este presupuesto, diciendo que era digno y suficiente para avanzar. Incluso este año la misma rectora ha tenido que salir denunciando este presupuesto. Durante el 2009 además acusó constantemente a quienes considerábamos que la universidad debería salir a las calles para defender el presupuesto, y a cualquiera que tuviera diferencias con ella de “cabezas calientes”, “irrespetuosos” y “divisionistas”. En ocasiones se negó también a dar permisos y otras condiciones básicas para movilizarse, además de esquivar olímpicamente las múltiples peticiones de decretar paro activo, entre otras cosas.

El CONARE por su lado fungió como cadena de transmisión de los planes del gobierno. Esto no es de extrañarse pues el grueso de la política privatizadora hacia las universidades públicas se ha implementado con la bendición del CONARE. A lo anterior se le suma el agravante de que 2 rectores de los 4 que han conformado el CONARE durante estos años son no sólo abiertamente liberacionistas y pregobierno, sino que el descaro es tal que estos incluso el día de hoy tienen 2 puestos asegurados en el gobierno de Chinchilla en el SINART y el INA, no es de extrañarse que sus posturas fueran siempre las de la claudicación.

Como denunciábamos durante el año pasado, las elecciones y el contexto del 2010 dificultan la posibilidad de presionar para un mayor presupuesto para la educación. Por esta razón el movimiento estudiantil debe tomar la batuta de esta lucha y llamar a toda la comunidad universitaria, y a las otras organizaciones del sector estudiantil, a una gran campaña en defensa del presupuesto.

Las elecciones de este año, junto a las expectativas de algunos sectores por el hecho de que Chinchilla sea mujer, le dan un halo de legitimidad a este gobierno. Debemos salir a desnudar los verdaderos planes de este gobierno y a levantar el método de movilización como la táctica privilegiada para defender nuestros derechos. El método de la concertación y de burocráticos recursos y mesas de negociación interminables sólo nos puede llevar a una derrota, como lo ha hecho en el pasado.

Esto se explica en centralmente por el hecho de que el gobierno tiene una crisis presupuestaria sin precedente alguno. Esta crisis no se debe a una paralización de la economía, ni mucho menos a causas “naturales” como lo quieren hacer parecer. Esta crisis se debe a las políticas entreguistas del gobierno que se niega a tasar la concentrada riqueza de este país y la producción de las transnacionales.

El 2009 es ilustrativo en este sentido: a pesar de que el PIB se redujo sólo marginalmente el gobierno tuvo un déficit tal que no podía pagar 50% del presupuesto nacional. La decisión del gobierno fue (en cambio de enfrentar la raíz del problema, lo cual es perfectamente coherente tomando en cuenta que este defiende a toda costa los intereses empresariales) pasarle la factura a los gobiernos y generaciones siguientes, financiando mitad del presupuesto con deuda pública. Esto es particularmente grave si se toma en cuenta que aproximadamente el 30% del presupuesto se va año tras año pagando deuda, solo en el 2009 se aumentó esta en 1.9 millardos de colones.

Este año la negociación ya se resumió. El CONARE ahora está sosteniendo como propuesta un crecimiento de 13%, 10 puntos porcentuales por debajo de lo que declararon como aceptable. El gobierno por su lado está sosteniendo un 10%, lo cual condenaría a las universidades a una situación precaria. Debemos sacar esta negociación de esta mesa de manera urgente mediante una presión organizada con el resto de la comunidad (es) universitaria (s).

El gobierno por su lado pretende solucionar su crisis presupuestaria centralmente mediante una inmensa reducción del gasto social y mediante la precarización del empleo público. Su plan en este momento tiene solamente una barrera enfrente: las organizaciones estudiantiles y de trabajadores. Es por esta razón que el gobierno está atacando las garantías más básicas como el derecho a la organización sindical y el derecho a la manifestación. Esto queda claro en el ataque a SINTRAJAP, en la incursión de la policía a la UCR y en la gigantesca campaña de criminalización de la protesta que están llevando a cabo.

De nuevo debemos levantar las banderas de la unidad con el resto de compañeros y compañeras que están sufriendo los ataques del gobierno, bajo el entendimiento que es un plan íntegro el que está aplicando el gobierno y no políticas aisladas.
Aclarado el contexto desde el cual partir planteamos finalmente nuestro plan de lucha y una propuesta del tipo de fórmula que debemos reivindicar.


Nuestra propuesta para la negociación:

Si bien el grueso del debate sobre la fórmula adecuada es centralmente político no debemos dejar en manos de la rectoría o el gobierno la definición de los criterios técnicos. Aclaramos que no estamos casados con ningún monto y esta es sólo una propuesta. Defendemos como mínimo para estas negociaciones:

Exigimos que el presupuesto no se negocie sólo por un año, sino dentro del convenio, y en el marco de la discusión del presupuesto de la educación

Exigimos que la formula sea mixta, es decir que esta aproveche el PIB en momentos de crecimiento de la economía, pero que tenga una salvaguarda para que en caso de que este se reduzca la Universidad siga creciendo.

Reivindicamos como mínimo la fórmula propuesta por el propio CONARE a principios del año pasado, de un aumento de 24% anual, o un aumento mínimo que contemple inflación, inversión y crecimiento.

Plan de lucha:

Exigimos que la negociación se lleve a instancias más amplias adonde sea el grueso de la comunidad universitaria la que decida sobre cual presupuesto es aceptable. Exigimos además que se retire a Olman Segura de la mesa de negociación y que mucho menos se le deje representar a las Universidades, siendo una ficha directa del gobierno.

Ninguna confianza en la rectoría y el CONARE, cuyo método entreguista y arribista claramente nos va a conducir solamente a derrotas.

Repudiamos la campaña de criminalización de la protesta social, reivindicando el derecho a manifestarnos y a ir a huelga de ser necesario.

Manifestamos nuestra solidaridad con las luchas en contra de la reducción de derechos laborales en el estado y en contra de la privatización de las instituciones estatales. Hacemos un llamado a un diálogo y a la unidad en la movilización a todas las organizaciones del sector estatal.