Salarios universitarios
Armando González R. mailto:agonzalez@nacion.com07:33 p.m. 28/08/2010
Para financiar el acuerdo firmado con cuatro universidades públicas, el Gobierno hará una “barrida” del Presupuesto Nacional. El escrutinio tiene el fin de detectar fondos sobrantes y ociosos, especialmente en las previsiones de gasto del Ministerio de Educación Pública. No sabíamos que los hubiera y, a juzgar por las condiciones de nuestras aulas, no los hay.
El ministro de Educación lo reconoce. Los fondos estaban presupuestados para otros fines y su traslado a las universidades impone la necesidad de hacer ajustes. En síntesis, el país decidió empobrecer los niveles primarios de la enseñanza pública para complacer las exigencias de la educación superior. Es una decisión presupuestaria como tantas; la pregunta es sí puede ser defendida como justa.
Las universidades públicas gozan de un régimen de privilegio salarial cuyos detalles apenas se conocen. Para llenar parcialmente el vacío de información, la diputada liberacionista Alicia Fournier solicitó a la UCR la lista de sus cien mejores salarios. Noventa y nueve superan, con creces, los ¢3 millones. La mayoría ronda los ¢3.5 millones y muchos están entre ¢4 millones y ¢5 millones. Algunos dejan atrás esa última barrera.
La lista es parcial. Se trata de los mejores salarios y esa información no basta para aquilatar la justicia del privilegiado régimen universitario en el contexto nacional. Hace falta saber, por ejemplo, cuánto gana una secretaria, un chofer o un jardinero. Esos salarios nunca estarán entre los cien mejores, pero pueden ser comparados con los ingresos de empleados de la misma categoría en el sector público y privado. La sorpresa, sin temor a equivocarme, será mayúscula.
La desproporción existente es un secreto a voces, pero las universidades no están satisfechas. Su sistema de incentivos garantiza una exorbitante ampliación de la brecha a la vuelta de pocos años. Por eso les urge un aumento presupuestario desmedido. Pretenden ajustes salariales del 8% anual en términos reales, es decir, un 8% más el porcentaje de la inflación. En esas condiciones, el costo real de la planilla se duplicaría en unos ocho años.
Así se explica que pidieran un aumento del 11% anual en los recursos destinados al Fondo Especial de la Educación Superior y solo ofrecieran un incremento del 3% anual en la matrícula. El dinero adicional no es para aumentar el alcance de la formación universitaria, sino los salarios que, a la fecha, ya son más que competitivos.
El dinero saldrá de los niveles más bajos del sistema educativo, donde la niñez se forma en condiciones muy lejanas al privilegio. Si eso no alcanza, se recurrirá al endeudamiento. Es una injusticia.
Armando González R. mailto:agonzalez@nacion.com07:33 p.m. 28/08/2010
Para financiar el acuerdo firmado con cuatro universidades públicas, el Gobierno hará una “barrida” del Presupuesto Nacional. El escrutinio tiene el fin de detectar fondos sobrantes y ociosos, especialmente en las previsiones de gasto del Ministerio de Educación Pública. No sabíamos que los hubiera y, a juzgar por las condiciones de nuestras aulas, no los hay.
El ministro de Educación lo reconoce. Los fondos estaban presupuestados para otros fines y su traslado a las universidades impone la necesidad de hacer ajustes. En síntesis, el país decidió empobrecer los niveles primarios de la enseñanza pública para complacer las exigencias de la educación superior. Es una decisión presupuestaria como tantas; la pregunta es sí puede ser defendida como justa.
Las universidades públicas gozan de un régimen de privilegio salarial cuyos detalles apenas se conocen. Para llenar parcialmente el vacío de información, la diputada liberacionista Alicia Fournier solicitó a la UCR la lista de sus cien mejores salarios. Noventa y nueve superan, con creces, los ¢3 millones. La mayoría ronda los ¢3.5 millones y muchos están entre ¢4 millones y ¢5 millones. Algunos dejan atrás esa última barrera.
La lista es parcial. Se trata de los mejores salarios y esa información no basta para aquilatar la justicia del privilegiado régimen universitario en el contexto nacional. Hace falta saber, por ejemplo, cuánto gana una secretaria, un chofer o un jardinero. Esos salarios nunca estarán entre los cien mejores, pero pueden ser comparados con los ingresos de empleados de la misma categoría en el sector público y privado. La sorpresa, sin temor a equivocarme, será mayúscula.
La desproporción existente es un secreto a voces, pero las universidades no están satisfechas. Su sistema de incentivos garantiza una exorbitante ampliación de la brecha a la vuelta de pocos años. Por eso les urge un aumento presupuestario desmedido. Pretenden ajustes salariales del 8% anual en términos reales, es decir, un 8% más el porcentaje de la inflación. En esas condiciones, el costo real de la planilla se duplicaría en unos ocho años.
Así se explica que pidieran un aumento del 11% anual en los recursos destinados al Fondo Especial de la Educación Superior y solo ofrecieran un incremento del 3% anual en la matrícula. El dinero adicional no es para aumentar el alcance de la formación universitaria, sino los salarios que, a la fecha, ya son más que competitivos.
El dinero saldrá de los niveles más bajos del sistema educativo, donde la niñez se forma en condiciones muy lejanas al privilegio. Si eso no alcanza, se recurrirá al endeudamiento. Es una injusticia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario