La presión a favor de la privatización de la educación superior
José Luis Vega Carballo
Fuente: elpais.cr | 28/07/2010
Columna “Pensamiento Crítico”
Uno se pregunta de dónde viene la actual presión que se ejerce sobre las universidades públicas para que acepten la propuesta del gobierno de Chinchilla de rebajar, a un pírrico 4%- 4.5% de crecimiento real, el Fondo Especial para la Educación Superior Estatal (FEES) para el quinquenio 2011-2015. Recordemos que el monto debe negociarse por mandato constitucional entre las rectorías y los ministerios de educación, hacienda y planificación, quienes llevan ya 14 meses tratando de hacerlo sin resultados, debido a que ambas partes no han variado sus posiciones y las autoridades universitarias siguen exigiendo un 13% de aumento real promedio para ese quinquenio, una vez descontada la inflación estimada en un 6% anual promedio. Mientras tanto, los ministros de Chinchilla se han encerrado en su posición con la fórmula 4/4,5%.
Se puede suponer que hay factores ideológicos pesando mucho en el desacuerdo y detrás de las respectivas posiciones arriba mencionadas. Pues, por una parte, los y las rectores parecieran defender, con matices, un modelo universitario nacionalista y estatista, desarrollista y humanista, gestado desde los años de 1940, especialmente desde la fundación de la llamada “Segunda República” figuerista en 1948. Aquí la educación superior es vista como un instrumento de movilidad social ascendente al servicio de los intereses, ansias de progreso y bienestar de las clases medias, las que efectivamente tuvieron un gran crecimiento en el período de esa república (1948-1986). Un instrumento a la vez capaz de responder a las necesidades de un aparato productivo centrado en el mercado interno y regido por un modelo sustitutivo de importaciones, con elevada intervención orientadora, proteccionista y reguladora del Estado, y respaldado por una empresa privada nacional de mediano y pequeño tamaño, interesada en colocar sus productos localmente y en Centroamérica..
Por otra parte, hay consenso alrededor de la tesis de que el modelo que dio sustento al largo dominio del figuerismo y el partido Liberación Nacional (PLN) se vino abajo a inicios de los años de 1980 y en que, a partir de la primera administración de los Arias (1986-90) con la aparición del bi-partidismo (PLN y PUSC o PLUSC), comenzó a ser sustituido dicho modelo por uno neoliberal y mercado-céntrico, con fuerte liberalización y apertura externa, basado en la promoción de exportaciones y la creciente privatización del Estado y del sistema financiero-bancario. Es decir, lo que durante la administración Monge (1982-86) fue un programa anti-cíclico de corto plazo, se convirtió en una serie de “programas de ajuste estructural” (PAEs) que impusieron un modelo distinto de desarrollo, con un fuerte apoyo del gobierno de EEUU, el Banco Mundial y el FMI. Y desde entonces, las universidades públicas comenzaron a tener problemas y severas limitaciones para mantener su patrón de desarrollo institucional y modo de financiamiento a través del FEES. Bien puede decirse que los tres ministros que negocian hoy día con las rectorías son fieles representantes de los intereses verdiblancos y que cambiaron de ideología socialdemócrata y desarrollista hace tiempo, para abrazar los credos neoliberales y banco mundialistas; lo cual los coloca ineluctablemente en línea de colisión con los representantes de las universidades públicas. Pues éstos, en aras de defender la autonomía institucional y las concepciones universitarias del reformismo desarrollista, se niegan a convertirlas en universidades mercantilizadas y privatizadas, es decir, neoliberales y corporativas, según los esquemas que se manejan desde los años de 1970, cuando tomaron auge las universidades privadas y parte de la educación superior pudo comenzar a ser manejada aceleradamente como un lucrativo negocio empresarial, al cual se apuntó gustosa la derecha intelectual y académica de aquel entonces, comandada por dos de sus más destacados exponentes: Guillermo Malavassi y Alberto DiMare.
Pero también pesan actualmente otros factores, a los que podríamos denominar de tipo estructural. Pues tienen que ver precisamente con lo sucedido en el sector educativo nacional en general a raíz del cambio de política y modelo económico de los últimos años, y con la tendencia en marcha a consolidarlo con tres sucesivas administraciones aristas, cubriendo el período 2006-2018, a fin de poner en ejecución una nueva hegemonía oligárquica al servicio del sector exportador, comercial y financiero. Imposición autoritaria, de la cual deriva una estratégica dimensión, que viene a afectar la condición de la educación superior y que ayuda a explicar la conducta prepotente e intransigente con que los ministros del arismo han abordado las negociaciones con las rectorías universitarias contando, en el trasfondo, con una gran fuerza de presión a favor de su dura e inflexible posición, proveniente de la privatización de la enseñanza superior, y acumulada por ésta tras casi tres décadas de un incesante avance.
En efecto, una vez que la administración Oduber (1974-78) diera luz verde para la apertura de universidades privadas, su proliferación fue en un vertiginoso e imparable ascenso. Para 1980 había cinco universidades privadas, un número que se duplicó en diez años y que, desde el año 2005, fluctúa en alrededor de medio centenar. Mientras, las universidades públicas no han pasado de ser cuatro y su matrícula, además de otros indicadores de crecimiento, ha aumentado poco o descendido porcentualmente en comparación con el sector de las privadas. Por ejemplo, el total de estudiantes matriculados en las públicas pasó de 54,999 en 1990 a solo 69,729 en 2004; pero entre1980 y 1996 la matrícula en las privadas creció en 479%, al pasar de 2.932 estudiantes a 23.527. A su vez, la cantidad de sus graduados pasó de 1.020 en 1990 a 15.382 en el año 2003, según datos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR que nos demuestran que las públicas no han podido satisfacer la gran demanda estudiantil por educación superior en el período. Otros datos del Programa del Estado de la Nación lo confirman al revelar que, si bien el total de matriculados en edades entre los 17-25 de años creció en todo el país de 17% en 1990 a 28% en 2004, en 1990 el porcentaje correspondiente a las universidades públicas era alto, del 13%, mientras el de las privadas era de solo un 3%. Quince años después estasúltimas superaban a las primeras en una relación de 13% a 15% respectivamente, lo cual evidencia la capacidad de la educación comercial para reaccionar positivamente frente a aquella creciente demanda, mientras la pública redujo su oferta en términos relativos para ese importante rango de edad juvenil; una coyuntura que directa e indirectamente ha sido un incentivo para la enorme expansión de la oferta privada y que se ha usado hoy día para presionar por una más extendida y agresiva privatización de la enseñanza universitaria, por una parte, y por otra, para indicar que el sector público debe continuar retirándose del “negocio” y que deben cesar los deseos de presupuestos más altos. Ya veremos cómo se ha modificado el discurso neoliberal, empresarial y derechista en consonancia con esa difícil realidad que ha enfrentado la educación pública en las últimas dos décadas.
